El 13 de noviembre arranca el juicio con jurado popular por el allanamiento de morada en la calle Lagasca

A partir del 13 de noviembre los seis agentes que tiraron abajo una puerta en la calle Lagasca de Madrid en marzo de 2021, durante el estado de alarma, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial.

La audiencia preliminar designará al tribunal popular que tendrá que dirimir si los agentes que usaron un ariete para entrar en un domicilio con el fin de identificar a los participantes en una fiesta, una vez estos se negaban a abrir la puerta a la policía, son culpables de un delito de allanamiento de morada previsto en el artículo 202 y 204 del Código Penal.

Como adelanto a este juicio que levanta amplia expectación en el mundo tanto policial como del derecho, ayer el programa de You Tube conducido por el jurista Rubén Gisbert congregó ante sus micrófonos al abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, quien representa a los propietarios del piso; así como al fundador de Preico Jurídicos, Raúl Castañeda, y dos agentes de la policía nacional.

ABOGADO PENALISTA CONSIDERA QUE “LA ACTUACIÓN VULNERA NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES” 

Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista

Para Juan Gonzalo Ospina la actuación no genera dudas, es contraria a derecho y “vulnera uno de nuestros derechos fundamentales más inherentes como es la intimidad de nuestro hogar”, una conclusión que para el propio Juango Ospina, considerado uno de los mejores abogados penalistas de Madrid, solo puede llevar a la condena de los implicados.

Sin embargo, el director de Ospina Abogados quiso, nuevamente, tender la mano a los afectados, señalando que “Ni a mi cliente, ni a mí, nos mueve la venganza” por ello “a pesar de los gravísimos hechos que han vulnerado la inviolabilidad del domicilio, si nos encontráramos con un arrepentimiento sincero y real de los agentes se retirarían los cargos”, una actitud que “todavía no hemos escuchado” y realmente lejana a la mantenida por los implicados, “chulesca y altiva”.

JOSÉ, POLICÍA NACIONAL: "ES INDEFENDIBLE LA ACTUACIÓN POLICIAL”

Muy clarificadora fue la intervención de José, un Policía Nacional en activo que con el rostro tapado para “proteger mi privacidad porque estoy en la calle con mis compañeros, y yo a lo mejor no me acuerdo de la gente, pero la gente si se acuerda de mi”, fue muy claro en su análisis de los hechos.

“Esta actuación policial no se puede defender. Estamos hablando de interponer una sanción administrativa y la Policía puede utilizar otros medios para identificar a estas personas”, refería el agente consciente de que a pesar de ser una fiesta en plena pandemia no comprende el motivo de usar un ariete para entrar a un domicilio a efectos de mera identificación.

“No lo entiendo”, reiteraba el Policía Nacional quien a pesar de ponerse en la piel de sus compañeros y sopesar la “presión de un mando” a la que podían estar sometidos, se mostraba contundente afirmando que “cuando una orden es ilegal se tiene que rechazar”, y utilizar otros medios para desempeñar esa identificación.

EL ESTADO DE DERECHO POR ENCIMA DEL CORPORATIVISMO

El resto de participantes en la tertulia, que alcanza más de 26.000 visualizaciones en You Tube en menos de 24 horas, con más o menos matices se alineó contra la actuación policial “desmedida”. Así el propio conductor del programa pide que se depuren responsabilidades más arriba de los propios agentes, y estableció a modo de conclusión que “Cualquier ciudadano tiene que defender que este caso termine en una condena para limpiar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Castañeda apoyó públicamente al abogado Ospina ante las presiones que está recibiendo, pidiéndole que “Este juicio lo tienes que ganar no solo por tus clientes, sino por España entera. Estos policías abrieron la puerta de todos los españoles esa noche".

También participó el policía en segunda actividad Ángel Chaparro, pidiendo comprensión para los agentes implicados y las presiones que a su entender pudieron vivir, pero entiende que "el estado de alarma continuaba garantizando la inviolabilidad del domicilio”, determinando que “no fue la intervención más afortunada de estos seis agentes”.

Ahora será un jurado popular quien tenga que determinar si esta actuación policial desmedida es reprochable legalmente, o si por el contrario se ajustaba a las pautas del estado de alarma.