El Gobierno impulsa una nueva ofensiva anticorrupción con sanciones más duras a empresas y mayor control político

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta a un ambicioso paquete de reformas destinado a reforzar la lucha contra la corrupción en España. La iniciativa, enmarcada en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, introduce medidas más estrictas tanto para las empresas implicadas en prácticas corruptas como para los partidos políticos.

Entre los cambios más relevantes destaca el endurecimiento de las sanciones a las compañías que participen en tramas ilícitas. El Gobierno plantea ampliar los periodos de inhabilitación para contratar con la Administración pública y aumentar las multas, además de hacer público un registro de empresas sancionadas.

En paralelo, se refuerzan los mecanismos de control sobre los partidos políticos. A partir de ahora, deberán hacer públicas las donaciones a partir de cantidades mucho más bajas y someter sus cuentas a auditorías externas obligatorias.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones más severas.

El paquete también contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, encargada de coordinar la prevención y persecución de la corrupción, así como nuevas herramientas para recuperar bienes obtenidos ilícitamente, incluso sin condena previa en algunos casos.

Además, se amplían los plazos de prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la capacidad del Estado para embargar bienes desde las primeras fases de la investigación, con el objetivo de evitar la ocultación de patrimonio.

Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo pretende actuar sobre todo el ciclo de la corrupción, desde la prevención hasta la sanción, en un contexto marcado por recientes escándalos políticos que han reactivado el debate sobre la transparencia y el control institucional.

Entre las principales novedades destaca el endurecimiento de las penas a las personas jurídicas implicadas en delitos de corrupción. Las empresas podrán enfrentarse a sanciones económicas más elevadas, a la prohibición de contratar con el sector público durante periodos más largos e incluso a la disolución en los casos más graves. Además, se pretende reforzar la responsabilidad penal corporativa, obligando a las compañías a implantar sistemas eficaces de prevención de delitos.

En cuanto a los partidos políticos, el texto introduce nuevas obligaciones de control y rendición de cuentas. Se rebajan los umbrales para declarar donaciones, se incrementa la supervisión externa de sus finanzas y se endurecen las sanciones por irregularidades. También se busca limitar prácticas opacas mediante una mayor trazabilidad de los ingresos y gastos.

Otra de las medidas relevantes es la creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública, que tendrá funciones de supervisión, prevención y coordinación en materia anticorrupción. Este organismo actuará con autonomía y podrá emitir recomendaciones, investigar irregularidades y colaborar con otras instituciones nacionales e internacionales.

El anteproyecto incorpora, además, instrumentos para mejorar la recuperación de activos procedentes de actividades ilícitas, incluyendo mecanismos que permiten actuar sobre bienes sospechosos incluso antes de que exista una condena firme. Asimismo, se amplían los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, dificultando que queden impunes por el paso del tiempo.

Como novedad adicional, se refuerza la protección de los denunciantes de corrupción (whistleblowers), garantizando el anonimato y evitando represalias laborales o personales. El Gobierno considera este punto clave para destapar tramas complejas que, de otro modo, podrían permanecer ocultas.

El texto deberá ahora someterse a informes consultivos y a un proceso de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir modificaciones. Desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo es “cerrar espacios a la impunidad” y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

No obstante, algunas voces ya han advertido de posibles dificultades en su aplicación práctica, especialmente en lo relativo a la carga administrativa para empresas y partidos, así como al equilibrio entre control y garantías jurídicas.

Con esta reforma, el Gobierno pretende situar a España en línea con los estándares internacionales más exigentes en materia de integridad pública, en un contexto en el que la lucha contra la corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales.