​¿Se puede detener a un presidente en ejercicio?

El Derecho Internacional pone límites al caso Maduro

La detención de Nicolás Maduro ha provocado titulares, declaraciones políticas y reacciones diplomáticas en cadena. Sin embargo, más allá del ruido, la cuestión central es otra: ¿es legal, según el Derecho Internacional, detener a un jefe de Estado en ejercicio?

El orden jurídico internacional no funciona por impulsos ni por afinidades ideológicas. Se rige por normas diseñadas para evitar conflictos entre Estados y preservar un mínimo de estabilidad global. Y esas normas son claras en varios puntos clave.

La soberanía como línea roja

El Derecho Internacional parte de un principio esencial: la soberanía de los Estados. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza y cualquier intervención en el territorio de otro país, salvo en supuestos muy concretos, como una autorización del Consejo de Seguridad o un caso de legítima defensa.

Una detención realizada sin ese respaldo plantea, desde el primer momento, dudas serias de legalidad, independientemente de quién sea la persona detenida o de las acusaciones que pesen sobre ella.

La inmunidad de los jefes de Estado

A este marco se añade otro elemento clave: la inmunidad internacional de los jefes de Estado en ejercicio. Se trata de una norma consolidada del Derecho Internacional consuetudinario que impide que un presidente en funciones sea arrestado o sometido a la jurisdicción penal de otro Estado mientras dure su mandato.

Esta inmunidad no equivale a impunidad. Su finalidad es práctica y política: evitar que los conflictos judiciales se conviertan en conflictos diplomáticos o militares. Sin esta regla, el sistema internacional sería jurídicamente inestable.

¿Existen excepciones? Sí, pero no unilaterales

El Derecho Internacional sí prevé mecanismos para exigir responsabilidades por crímenes graves, como los crímenes de lesa humanidad o de guerra. El principal es la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo Estatuto elimina la inmunidad ante su jurisdicción.

Pero hay un matiz fundamental: la CPI actúa mediante procedimientos multilaterales, órdenes judiciales y cooperación entre Estados. No autoriza a ningún país a intervenir por su cuenta en otro territorio para ejecutar una detención.

El riesgo de sentar precedentes

El debate jurídico va más allá del caso concreto. Si se acepta que un Estado puede detener unilateralmente a un jefe de Estado extranjero, se abre la puerta a un precedente peligroso: que las normas internacionales se apliquen de forma selectiva según el contexto político.

El Derecho Internacional no protege personas, protege reglas. Y cuando esas reglas se debilitan para un caso concreto, el efecto termina siendo global.

Más Derecho y menos excepciones

En un escenario internacional cada vez más tensionado, el respeto a la legalidad internacional no es una cuestión formal, sino una garantía de estabilidad. La rendición de cuentas por delitos graves es necesaria, pero solo puede ser eficaz y legítima si se articula dentro del marco jurídico internacional existente.

Porque, en última instancia, la pregunta no es quién ha sido detenido, sino qué ocurre con el sistema internacional cuando las normas dejan de importar.