Victoria histórica para Cristina Cifuentes: Eroski condenado a pagar 30.000 euros por filtración de vídeo

En un giro judicial impactante, el Tribunal Supremo ha confirmado una histórica sentencia que condena a la cadena de supermercados Eroski a pagar la suma de 30.000 euros a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Este veredicto se centra en la filtración de un polémico vídeo captado por las cámaras de seguridad de Eroski en 2011, donde Cifuentes fue grabada siendo interrogada por supuestamente robar cremas.

Los jueces  consideraron que la cadena de supermercados infringió el derecho a la intimidad de Cifuentes al permitir la divulgación del vídeo, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron en su dimisión en medio del escándalo conocido como el 'caso Máster'. La exmandataria madrileña, envuelta ya en controversias por irregularidades en su máster universitario, vio su reputación afectada cuando el vídeo salió a la luz en 2018.

Este caso se convierte en otro capítulo de la compleja trama legal que rodea a Cristina Cifuentes. La decisión del Tribunal Supremo respalda lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid, afirmando que Eroski debe compensar a Cifuentes por los errores en la custodia de las imágenes que, siete años después, fueron divulgadas por un medio de comunicación.

La suma de 30.000 euros representa la compensación fijada por el tribunal, sin que se haya demostrado arbitrariedad o desproporción en la decisión. Este fallo marca un precedente significativo en la intersección entre el derecho a la intimidad y la responsabilidad de custodia de imágenes por parte de empresas, generando discusiones sobre la protección de la privacidad en la era digital.

La sentencia del Tribunal Supremo subraya la importancia de resguardar el derecho a la intimidad en un contexto donde la tecnología y la difusión de material audiovisual pueden tener impactos significativos en la vida de las personas públicas. La cadena Eroski, según la decisión judicial, no cumplió con la debida custodia de las imágenes captadas en 2011, lo que resultó en la difusión del vídeo años después y en consecuencias sustanciales para la carrera y reputación de Cristina Cifuentes.