Amenaza a la democracia: el desafío en la Audiencia Provincial de Madrid por la integridad del estado de derecho y los derechos fundamentales

Una opinión de Raúl Rivera (Licenciado en Derecho y analista jurídico) 

Imagínate, por un instante, sometiéndote a una operación donde las manos que te intervienen no pertenecen a un cirujano, sino a alguien sin conocimientos médicos. La sensación de inseguridad sería abrumadora, una verdad evidente: aquellos sin pericia en medicina no deberían aventurarse en el quirófano.

Sin embargo, lo que parece una pesadilla distante en la medicina, se manifiesta sorprendentemente en el Derecho, convirtiéndose en una realidad cotidiana.

La semana pasada, en la Audiencia Provincial de Madrid, fuimos testigos de una batalla entre Montesquieu y el totalitarismo, entre el Estado de Derecho y la amenaza de la dictadura.

No se trataba simplemente de un juicio por mala praxis de unos policías nacionales que no conocían el alcance de sus acciones, nuestros policías están preparados, conocen las leyes, deben hacerlo; Juan Gonzalo Ospina estaba defendiendo algo tan trascendental como los derechos fundamentales. 

Esto no es un juego; nuestro Estado de Derecho ha sufrido una nueva agresión. En este escenario legal, la lucha va más allá de un simple procedimiento; se trata de salvaguardar los cimientos mismos que sostienen nuestra sociedad. Esos policías al romper la puerta y entrar sin orden judicial no solo cometieron un ayanaminento sino que crearon un precedente horrible que puede tumbar nuestro estado de derecho.

La agresión a nuestro Estado de Derecho no solo requiere una respuesta legal, sino también un llamado a la conciencia colectiva para proteger y preservar los valores que constituyen el corazón de nuestra democracia. Nueve ciudadanos, ajenos al derecho, dictaminaron por moralidad que era justo poner fin a la propiedad privada. Montesquieu, el arquitecto de la separación de poderes, parece morir en esta encrucijada. 

Juan Gonzalo Ospina ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) esta decisión al estar en contra.