Investigación penal del accidente ferroviario de Adamuz: posibles responsabilidades y retos jurídicos

El grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba) -en el que un tren de alta velocidad de la operadora Iryo descarriló e invadió la vía colindante colisionando con un tren Alvia de Renfe- ha desencadenado no solo una investigación técnica sin precedentes, sino también un complejo procedimiento penal que plantea importantes cuestiones sobre responsabilidad criminal en siniestros de transporte público.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha remitido al juzgado instructor de Montoro (Sección Civil y de Instrucción nº 2) un voluminoso informe preliminar que incorpora las dos cajas negras de los convoyes, miles de fotografías y vídeos, así como declaraciones de tripulantes y el maquinista del tren de Iryo implicado en el siniestro. La autoridad judicial estudia ahora si accede a la petición de declarar secreto de sumario la causa durante al menos un mes, con el fin de preservar la investigación penal en sus fases más iniciales.

Apertura de diligencias y posibles delitos analizados por expertos abogados penalistas

La apertura de diligencias penales contra personas físicas o jurídicas dependerá, en gran medida, de los resultados de las pesquisas técnicas y forenses. El Código Penal español contempla, entre otras figuras, los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave (artículos 142 y 152), que han sido utilizados en siniestros ferroviarios anteriores con numerosas víctimas. En casos de gran magnitud, como el accidente de Santiago de Compostela en 2013, la justicia española siguió esta vía penal para imputar al maquinista y a responsables de seguridad técnica, aunque con resoluciones controvertidas y recursos posteriores.

Expertos abogados penalistas consultados indican que la imputación de delitos por imprudencia profesional requerirá probar que alguna conducta negligente -ya sea en el mantenimiento de infraestructura, en los protocolos de seguridad o en la operación misma de los trenes- haya tenido una relación causal directa con el resultado lesivo del accidente. En este contexto, se analizarán no solo las decisiones del maquinista (en su caso), sino también las posibles omisiones o fallos en la gestión de la red ferroviaria por parte de ADIF o de los operadores implicados.

Semejanzas y lecciones del caso Angrois

El precedente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela (2013) proporciona pistas sobre el desarrollo judicial de Adamuz: en aquel proceso, después de largos años de instrucción y enjuiciamiento, el tribunal impuso penas de prisión por imprudencia al maquinista y, en primera instancia, también a un responsable de seguridad técnica, si bien la Audiencia Provincial acabó matizando y reduciendo las responsabilidades penales de algunos de los acusados.

El caso de Angrois demuestra que, en accidentes ferroviarios con múltiples víctimas, la identificación de autores penales es especialmente compleja: la justicia ha de valorar no solo el fallo humano aislado, sino la estructura técnica y organizativa que rodea a la explotación del servicio. Esto incluye documentación técnica, evaluación de riesgos, historia de mantenimiento y protocolos de supervisión, cuya ausencia o deficiencia podría traducirse en responsabilidad penal por imprudencia grave.

Investigación paralela: técnica y penal

Paralelamente a la vía penal, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) realiza un análisis técnico independiente para determinar las causas objetivas del accidente en Adamuz. El informe técnico de la CIAF, que puede tardar hasta un año, servirá como referencia para la instrucción judicial, aunque no tiene carácter probatorio vinculante en el proceso penal.

Desafíos procesales: pruebas y duración

Los procedimientos penales derivados de catástrofes con decenas de víctimas, especialmente cuando se involucran elementos técnicos complejos como señalización, infraestructura y tecnología ferroviaria, suelen prolongarse varios años, según juristas consultados. La prueba pericial -tanto aportada por la Guardia Civil como por peritos de parte- y la interpretación de normas de seguridad industrial y ferroviaria serán ejes centrales del debate judicial.

Impacto para las víctimas

Desde la perspectiva jurídico-procesal, la apertura de una causa penal no solo persigue sancionar las conductas culpables, sino que también condiciona la posibilidad de reclamaciones civiles y la determinación de indemnizaciones por daños y perjuicios a los familiares de las víctimas. En el seno del proceso penal, las acusaciones particulares podrán ejercer su legitimación para defender intereses de los perjudicados, así como requerir diligencias adicionales para fortalecer sus pretensiones.