Gobierno balear se personará en caso de mascarillas por presuntas comisiones ilegales

El Gobierno balear, encabezado por la presidenta Marga Prohens, ha anunciado su decisión de personarse como acusación en el caso de las mascarillas, donde se investiga el presunto pago de comisiones al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Tras analizar detenidamente la documentación relacionada con el contrato, el Ejecutivo ha encontrado "elementos suficientes" para tomar esta medida.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma está preparando la documentación necesaria para llevar a cabo esta acción legal. La presidenta Prohens ha declarado que el Gobierno balear reclamará no solo los 2,6 millones de euros de sobrecoste que constan en el expediente, sino el importe total del polémico contrato, que asciende a 3,7 millones de euros.

El contrato en cuestión, firmado durante la pandemia en mayo de 2020 por el gobierno anterior liderado por Francina Armengol, ha sido objeto de controversia debido a que las mascarillas adquiridas no cumplían con los estándares de calidad requeridos. Además, estas mascarillas se dejaron caducar en un almacén durante más de tres años sin que se hiciera la pertinente reclamación.

El PSOE balear ha defendido la actuación del gobierno anterior, argumentando que actuaron dentro de la legalidad y transparencia. Sin embargo, se han planteado preguntas sobre por qué se tardó tanto en reclamar el sobrecoste y en qué momento se inició el procedimiento de reclamación a la empresa proveedora.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha afirmado que el contrato con la empresa proveedora fue iniciativa del Gobierno de España y que se realizó de acuerdo con los gobiernos de Baleares y Canarias. Niega presiones para no iniciar el procedimiento de reclamación y sostiene que la actuación se llevó a cabo dentro de los límites legales.

La decisión del Gobierno balear de personarse como acusación en este caso refleja su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como su determinación de esclarecer los hechos y proteger los intereses de los ciudadanos de Baleares.