Comisión judicial propone medidas para cumplir sentencia del Supremo sobre la carga laboral de jueces

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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), presidida por Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha anunciado la propuesta de nuevas medidas destinadas a cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. Esta sentencia condenó al órgano de gobierno de los jueces por su falta de regulación de la carga de trabajo de jueces y magistrados, con el objetivo de proteger su salud laboral.


El informe jurídico elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ, y discutido durante la reunión, establece que la resolución del Tribunal Supremo obliga al CGPJ a regular la carga de trabajo de los miembros de la Carrera Judicial. Sin embargo, dicha sentencia no especifica el plazo de tiempo para ello, ni la metodología o el contenido exacto de dicha regulación, dejando estas cuestiones a criterio del Consejo.


La CNSSCJ, integrada por representantes del CGPJ y dos miembros de cada una de las asociaciones judiciales, ha elevado a la Comisión Permanente dos líneas de trabajo para su aprobación. Por un lado, se propone la elaboración de una guía o protocolo orientativo que contenga pautas y recomendaciones para la creación de una "agenda saludable" por parte de cada juez y magistrado. Por otro lado, se plantea la actualización del mapa judicial de riesgos y del sistema de alertas para garantizar un seguimiento eficaz de la situación de cada órgano judicial y detectar posibles riesgos laborales.


Además, la CNSSCJ ha solicitado a la Comisión Permanente el establecimiento de una hoja de ruta con plazos de ejecución inmediata y la adopción de medidas provisionales para regular la carga de trabajo. Es importante señalar que la naturaleza de la función judicial y el respeto a la independencia judicial impiden al CGPJ dirigir instrucciones o requerimientos a los jueces y magistrados en cuanto a la organización de su trabajo. Por lo tanto, cualquier indicación en materia de salud laboral se entendería como una guía orientativa para cada juez y magistrado.

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