Descubre lo que está sucediendo con la huelga de abogados del turno de oficio y sus demandas

Foto twitter @huelgaatovll de una movilización en Valladolid

Uno de los aspectos críticos señalados por los abogados de oficio es la insuficiencia salarial, ya que sus ingresos no alcanzan siquiera el mínimo legal por hora, establecido en 7 euros. La incertidumbre financiera se agrava por la ausencia de una fecha de cobro establecida, generando preocupación constante entre los manifestantes. “No llegamos ni al salario mínimo por hora, ni 7 euros la hora. No sabemos cuándo vamos a cobrar”, expresó uno de los participantes.

Otro punto destacado en la protesta es la carencia de un seguro de responsabilidad, una situación que los abogados argumentan se debe a la carga económica que representaría para el Estado. Esta ausencia de cobertura los deja en una posición vulnerable, conscientes de que cualquier error en su ejercicio profesional podría acarrear consecuencias financieras significativas.

Es esencial aclarar que no buscan ser funcionarios. Su principal demanda es la regulación de la relación con la Administración de Justicia y la protección de los derechos de cada trabajador involucrado en este servicio. Es crucial comprender que no son autónomos; enfrentan la problemática de ser considerados falsos autónomos. Abogan por una regulación que garantice condiciones justas y derechos para quienes desempeñan funciones en el turno de oficio

El Ministerio de Justicia asume la competencia total para el turno de oficio en diversas regiones, entre las que se incluyen Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, siendo Bolaños una figura clave en las negociaciones del Sindicato de Abogados. En las restantes 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco–, la responsabilidad sobre el turno de oficio recae en las respectivas consejerías de justicia.