"Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid", afirma el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
Esta ventaja es una más del modelo elegido por la Comunidad de Madrid para la creación de la Ciudad de la Justicia, pues con su construcción habrá otras mejoras cuantitativas y cualitativas en la prestación de un servicio público tan esencial para los ciudadanos. Entre ellos, solventar el déficit de espacios y la antigüedad de los edificios, generando espacios de reservas para futuras ampliaciones de la planta judicial de la capital.
Asimismo, la Ciudad de la Justicia incluirá una constante adaptación y evolución en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, así como la aplicación de planes de gestión y protocolos de actuación. Además, se dota de una mayor seguridad jurídica tanto a la Administración autonómica como al adjudicatario.
El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21x21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.
También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.
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